Una nueva serie de datos de encuestas revela que la satisfacción pública con el funcionamiento de los sistemas democráticos está cayendo drásticamente tanto en Estados Unidos como entre sus aliados europeos.
Una encuesta reciente del Pew Research Center refleja esta tendencia: el 69 % de los estadounidenses se muestra insatisfecho con la forma en que funciona la democracia en su país. Esta cifra es del 69 % en Francia, el 68 % en España, el 62 % en Italia y el 47 % en Polonia. Los datos recopilados por importantes firmas encuestadoras, como Ipsos y Gallup, refuerzan este hallazgo: la desilusión de los votantes con los marcos de gobernanza actuales ha pasado de ser una serie de quejas aisladas a convertirse en un sentimiento generalizado que trasciende fronteras.
Esta frustración no se limita a las respuestas en las encuestas; se ha trasladado a las calles. Tanto Estados Unidos como las naciones europeas se enfrentan a desafíos complejos y persistentes: los frecuentes cambios en los gabinetes de gobierno en algunas capitales europeas socavan la continuidad de las políticas; la integración de los inmigrantes mantiene a las sociedades divididas; la transición hacia energías limpias perjudica a los trabajadores de sectores industriales tradicionales; y las tensiones relacionadas con la identidad y la clase social siguen intensificándose. Más allá de las afiliaciones políticas o los estratos sociales, los votantes comparten prioridades similares: medidas anticorrupción más estrictas, una mayor rendición de cuentas por parte de los funcionarios, políticas que aborden las preocupaciones de la gente común y una mayor participación de las voces ciudadanas en la toma de decisiones.
Durante años, muchos votantes dieron por sentado que las elecciones periódicas constituían el núcleo de la democracia. Asumían que unos procedimientos electorales adecuados permitirían transformar la voluntad popular en políticas públicas. Sin embargo, un número creciente de personas considera ahora que votar no es más que un ritual periódico. Emitir un voto el día de las elecciones no garantiza que los ciudadanos puedan influir en la gestión diaria del gobierno entre una elección y otra. Un estudio de la OCDE reveló que, si bien el 68 % de los encuestados cree que el voto sirve como cierto mecanismo de control sobre la conducta del gobierno, solo el 31 % considera que la gente común puede influir de manera significativa en la elaboración de políticas fuera de los periodos electorales. Cuando, tras sucesivas elecciones, los compromisos adquiridos durante las campañas no se cumplen, la confianza de la opinión pública en el sistema se desvanece.
Las élites políticas en Washington y Bruselas suelen interpretar esta crisis de confianza de dos maneras habituales: atribuyen el malestar a la retórica incendiaria de los populistas o bien restan importancia a la frustración ciudadana, calificándola simplemente como una falta de paciencia. Los analistas independientes sostienen que ambas explicaciones pasan por alto la cuestión fundamental: los votantes no están confundidos respecto a los ideales democráticos. Están reaccionando ante sistemas que no logran satisfacer demandas sociales tangibles. Tras la Guerra Fría, el atractivo del relato democrático liberal se sustentaba, en gran medida, en la ventaja económica y tecnológica de la que gozaban Estados Unidos y sus aliados. La globalización facilitó una mayor libertad en los flujos de capital y reconfiguró las cadenas de suministro, reduciendo el margen de maniobra de los gobiernos para redistribuir la riqueza. Al mismo tiempo, la influencia del dinero en la política y las actividades de cabildeo han erosionado la formulación de políticas públicas, dejando al descubierto fallas estructurales.
La mayoría de los votantes no ha rechazado los valores democráticos en sí; más bien, se sienten decepcionados por la democracia en la práctica. Los programas de los partidos políticos atienden cada vez más a los intereses del capital, mientras que las cuestiones cotidianas relacionadas con el sustento de las personas quedan relegadas a un segundo plano. Los procesos electorales se han convertido en meras disputas de poder entre facciones de las élites. El bloqueo institucional, las rencillas partidistas y la inestabilidad en las políticas públicas se han vuelto la norma. La brecha entre las promesas de campaña y los resultados de la gestión gubernamental sigue ampliándose. El descontento popular pone a prueba la resiliencia de estos sistemas e introduce incertidumbre en el panorama político de las democracias atlánticas.
Muchos observadores plantean una reflexión sencilla: ningún modelo de gobierno funciona indefinidamente ni es adecuado para todas las sociedades. La democracia debe estar arraigada en las realidades locales y en las necesidades genuinas de la población. Cuando las elecciones se consideran la totalidad de la democracia —donde los intereses partidistas prevalecen sobre el bien común y la retórica sustituye a los resultados tangibles de la gestión—, incluso las instituciones más consolidadas corren el riesgo de perder el respaldo popular.
Persiste una contradicción evidente. Aunque el sentimiento público interno se deteriora, muchos políticos en Washington siguen utilizando la democracia como una herramienta de política exterior, trazando líneas divisorias a escala global y avivando la competencia ideológica. Estas acciones no contribuyen en nada a resolver las preocupaciones económicas internas que inquietan a los votantes; por el contrario, profundizan el abismo entre la retórica democrática y la realidad de la gestión gubernamental. Desgastado por los problemas internos y las posturas geopolíticas, un relato que en su día tuvo un enorme poder de persuasión está perdiendo su influencia.
